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Hoja de datos – Las causas reales de la deforestación en la Amazonía Peruana*

  • La tasa anual de deforestación en la Amazonía Peruana promedió 123 000 ha (0.23%) por hectárea (ha) entre el 2001 y el 2012. Sin embargo, existen indicios de que la tasa se ha elevado a 250 000 ha por año desde el 2012 debilitando el compromiso que el Perú asumió en 2010 de reducir la deforestación neta a cero para el 2020.
  • Los mecanismos actuales para monitorear la deforestación en el Perú sobrestiman inevitablemente las tasas de deforestación producidas por los sistemas de agricultura itinerante de los pueblos indígenas y otros pueblos amazónicos, ya que no pueden hacer una distinción entre deforestación temporal y permanente. Sin embargo, aún si utilicemos estos datos, la tasa anual de deforestación en aproximadamente 11 millones ha de territorios indígenas legalmente reconocidos de la Amazonía Peruana es 0,11% por año, considerablemente menor al promedio general (0,14%) y de la tasa en tierras de propiedad privada (2,27%). Incluso si utilicemos estas cifras distorsionadas, las tasas de deforestación en territorios indígenas se reducen aún más si se consideran las tierras indígenas no reconocidas que incluyen las tierras actualmente clasificadas como áreas protegidas.
  • Existe una superposición masiva entre los territorios indígenas con y sin título de propiedad, por un lado, y las concesiones mineras, forestales, petrolíferas y gasíferas. En 2012, más de 1800 concesiones mineras estaban superpuestas a tierras de comunidades indígenas reconocidas mientras que las concesiones de petróleo y gas se superpusieron sobre 60% de las comunidades reconocidas. La mayoría de concesiones se otorga sin ninguna consulta con las comunidades nativas afectadas.
  • El Perú no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales de respetar los derechos de las poblaciones indígenas, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y el derecho de los pueblos indígenas a contar con territorios de propiedad colectiva. Actualmente, la ley peruana también reconoce a las poblaciones indígenas como titulares de derechos de usufructo sobre las tierras forestales. En 2011, el gobierno acordó adecuar las leyes nacionales a dichas obligaciones, pero hasta noviembre de 2014, este compromiso no se había cumplido.
  • Los dirigentes indígenas que protestan en defensa de sus derechos y comunidades han sido penalizados y perseguidos. Entre ellos se cuentan muchos de los 53 acusados en el juicio por actos violentos relacionados con las extremas y brutales medidas militares tomadas durante las protestas de las poblaciones nativas en Bagua en 2009.
  • Se estima que la agricultura practicada por migrantes de primera y segunda generación, principalmente de los Andes, es la causa de las tres cuartas partes de la deforestación de la Amazonía Peruana. Sin embargo, esta migración es el resultado directo de una política estatal explícita y duradera de colonización de la Amazonía mediante la construcción de carreteras y programas especiales de desarrollo agrícola. Como resultado, 75% de la deforestación se produce a una distancia máxima de 20 km de las carreteras.
  • De manera creciente, la minería ilegal de oro y la agricultura comercial (en particular, nuevas plantaciones de palma de aceitera), se ha convertido recientemente en causas principales de la deforestación. Estas actividades causaron alrededor del 20% de la deforestación de la Amazonía Peruana en 2013.
  • La ilegalidad escapa a todo control debido a la corrupción endémica y la débil gobernanza medio-ambiental. Por ejemplo, la minería aurífera ilegal destruyó más de 40.000 ha de bosques en la región de Madre de Dios entre 1999 y 2012 y las tasas de deforestación se han triplicado hasta alcanzar más de 6000 ha/ año desde 2008. El 97% del oro que se produce en esta zona es ilegal.
  • La tala forestal ilegal es la causa principal de degradación forestal en la Amazonía Peruana así como de los impactos devastadores en las poblaciones indígenas quienes sufren de la violencia, asesinatos y matanzas, y la destrucción de los recursos forestales que son vitales para su subsistencia. En setiembre de 2014, cuatro lideres Ashéninka fueron asesinados por denunciar la explotación ilegal de sus bosques. A pesar de que el gobierno se ha comprometido durante años a controlar este comercio, aproximadamente 80% de la madera exportada desde el Perú es ilegal. La estadística gubernamental oficial consigna que más de la mitad de todas las concesiones de explotación forestal están involucradas en operaciones ilegales que llevan a cabo fuera de los límites de sus concesiones, frecuentemente en áreas protegidas y en tierras indígenas.
  • Las concesiones de petróleo y gas abarcaban más del 80% de la Amazonía Peruana en 2012. Sus actividades, los frecuentes derrames de petróleo de sus oleoductos y la acumulación de residuos tóxicos vertidos directamente en los ríos han originado severa degradación forestal y la contaminación de recursos hídricos vitales, teniendo además un impacto devastador en la salud y subsistencia de las poblaciones indígenas. En 2013, cuatro cuencas de ríos del norte del Perú (Marañón, Tigre, Corrientes y Pastaza) fueron declaradas en estado de emergencia ambiental y sanitaria. Las muestras de agua del río Pastaza contenían más de 300 veces que los niveles permitidos de metales pesados potencialmente letales.
  • No existe ningún mecanismo independiente para aprobar las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de gran escala, y los mecanismos de planificación territorial y gestión ambiental existentes son inefectivos. No existe un sistema cartográfico consistente para evitar y resolver la superposición de derechos.
  • La reciente reforma legal de septiembre (Ley 30230) que tiene como fin alentar la inversión extranjera probablemente debilite la protección de la Amazonía, permitiendo por ejemplo, que el gobierno recorta los derechos territoriales de los pueblos indígenas para priorizar el desarrollo de proyectos y debilite aún más las ya frágiles regulaciones ambientales.
  • Existen resquicios legales que permiten la deforestación, como son las normas que autorizan proyectos de desarrollo clasificados como de “interés nacional” en áreas supuestamente de protección estricta, alientan el despeje del bosque cuando se reclama la propiedad del mismo, y permiten convertir el bosque primario (presuntamente fuera de las áreas de desarrollo agrícola) en plantaciones de palma aceitera.
  • Un proyecto de titulación de tierras para migrantes con un costo de US$50 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo amenaza los planes del gobierno de reconocer tierras indígenas sin título y podría originar mayor colonización y deforestación en la Amazonía si como se propone se reconocen más de 700.000 parcelas individuales.
  • Asimismo, el Perú es actualmente el principal productor mundial de cocaína. Unas 50.000 ha de tierras están dedicadas al cultivo de la coca para el comercio de narcóticos que causa la deforestación anual de aproximadamente 1500 ha y crea un clima de violencia que afecta las comunidades locales.
  • Las crecientes regalías que se obtienen de la lucrativa industria peruana del petróleo, gas y minerales tienen un impacto directo en el bosque, ya que con frecuencia se invierten en parte en la construcción de redes de carreteras locales. Entre el 2007 y 2010, más de US$40 millones de regalías del proyecto de gas de Camisea (que se jacta de su política de no construir carreteras) se utilizaron en la construcción de redes de carreteras locales en el Cuzco.
  • Aunque la deforestación a gran escala como resultado directo de las operaciones de explotación forestal, de petróleo y gas es mínima, se estima que la emisión de carbono será mayor por la degradación forestal resultante de las operaciones de tala, minería y gas que por la deforestación directa. Esta degradación podría generar emisiones de gases de invernadero mayores que las causadas por la deforestación de dichas áreas en los diez próximos años.
  • Mientras que aproximadamente 15 millones ha de tierras indígenas gozan de alguna forma de reconocimiento legal, aún se encuentran pendientes las demandas de derechos de titulación de tierras de al menos 1174 comunidades nativas. En total, alrededor de 20 millones ha de tierras de poblaciones nativas carecen de reconocimiento oficial legal, quedando así expuestas a la amenaza de invasiones para llevar a cabo actividades de minería, cultivo de coca, explotación forestal, plantaciones de palma aceitera y agricultura comercial que frecuentemente causan conflictos, violencia y destrucción del bosque.
  • La minería de oro ilegal, la expansión de las plantaciones de palma aceitera y la construcción de mega-represas se plantean como importantes amenazas inminentes para los bosques de la Amazonía Peruana. Los planes del gobierno han identificado potencialmente más de 1,4 millones has de bosques para palma aceitera. Sólo en la región de Loreto los industriales de aceite de palma han solicitado al menos 100.000 ha de bosque. Se proyectan casi 80 nuevas represas hidroeléctricas, de las cuales más de 50 tienen una capacidad mayor a 100 MW y 11 tienen una capacidad mayor a 1000 MW.
  • La deforestación de la Amazonía peruana se puede reducir mediante el reconocimiento de las tierras y derechos de las comunidades nativas y brindándoles apoyo legal, financiero y técnico para implementar sus propias prioridades de desarrollo; cerrando los vacíos legales que permiten la destrucción del bosque; controlando efectivamente de las prácticas ilegales y no sostenibles; y adoptando mecanismos independientes y sólidos para la planificación del uso del territorio.

*Esta Hoja de Datos se deriva de Valqui, M., Feather, C. y Espinoza Llanos, R. 2014. Haciendo visible lo invisible: Perspectivas indígenas sobre la deforestación en la Amazonía peruana. Causas y alternativas. AIDESEP y FPP.

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